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Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE 2021

Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE 2021


La Comisión Europea ha publicado el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE correspondiente a 2021, un panorama anual que ofrece datos comparativos sobre la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de todos los Estados miembros de la UE. El Cuadro de Indicadores de este año se ha centrado en la digitalización de la justicia, que mantuvo el funcionamiento de los tribunales durante la pandemia del COVID-19 y, en general, hizo que los sistemas judiciales fueran más accesibles y eficientes.

Principales resultados del Cuadro de Indicadores de 2021:

  1. Digitalización de los sistemas judiciales. Por primera vez, el Cuadro de Indicadores hace un balance de lo avanzadas que están las autoridades judiciales en la transformación digital, algo que ha cobrado mucha importancia debido a la pandemia del COVID-19. Los resultados muestran que en casi todos los sistemas judiciales se utilizan sistemas de videoconferencia y que en la gran mayoría de los Estados miembros el personal puede trabajar a distancia de forma segura. En cuanto al uso de soluciones digitales, como la cadena de bloques o la inteligencia artificial, la mayoría de los Estados miembros ya las utilizan, sin embargo, en distintos grados y existe un importante margen de mejora.
  2. Siguen existiendo retos en cuanto a la percepción de la independencia judicial: En dos tercios de los Estados miembros, la percepción pública de la independencia judicial ha mejorado desde 2016. Sin embargo, en comparación con el año pasado, la percepción pública de la independencia ha disminuido en aproximadamente dos quintos de todos los Estados miembros. La interferencia o la presión del gobierno y los políticos fue la razón más ampliamente declarada para la percepción de la falta de independencia de los tribunales y los jueces.
  3. Independencia de los jueces del Tribunal Supremo nacional. Hay dos nuevos indicadores en el Cuadro de Indicadores que muestran una visión general de los organismos y autoridades que participan en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo. Los Tribunales Supremos, como tribunales de última instancia, son esenciales para garantizar la aplicación uniforme de la ley en los Estados miembros. Los Estados miembros deben organizar el procedimiento de nombramiento de manera que se garantice su independencia e imparcialidad. A este respecto, la legislación europea exige a los Estados miembros que garanticen que, una vez nombrados, los jueces estén libres de influencias o presiones de la autoridad nominadora en el desempeño de su función.

La información contenida en el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE contribuye al seguimiento realizado en el marco del Mecanismo Europeo para el Estado de Derecho y alimenta el próximo informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho, con información sobre las garantías de independencia estructural de los sistemas judiciales.

Sobre la independencia de la Abogacía

La Abogacía Española contribuyó, a través de CCBE, el Consejo de la Abogacía Europea, a los hechos y cifras mencionados en la página 51 de este Cuadro de Indicadores:

Cuadro Indicadores Justicia UE Abogacia

La Comisión Europea, añade en este apartado que la Abogacía y sus consejos y asociaciones profesionales desempeñan un papel fundamental para garantizar la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Un sistema justo de administración de justicia requiere que los abogados sean libres para ejercer sus actividades de asesoramiento y representación. La pertenencia de los abogados y abogadas a una profesión liberal y la autoridad derivada de dicha pertenencia, contribuyen a mantener la independencia, y los Consejos de la Abogacía desempeñan un papel importante para ayudar a garantizar la independencia de la profesión. Las normas europeas exigen, entre otras cosas, la libertad de ejercicio de la profesión de abogado, la independencia de las Abogacías y establecen los principios básicos de los procedimientos disciplinarios contra los abogados y abogadas.

Fuente: Consejo General de la Abogacía Española

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