El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas es una institución abierta a la sociedad, que cumple una función esencial en las relaciones entre los ciudadanos/as y los colegiados/as, ofreciendo una serie de servicios que posibiliten la defensa de sus intereses, además de asegurar el mandato constitucional consistente en garantizar a todos/as los ciudadanos/as un acceso en igualdad de condiciones a la defensa jurídica de sus derechos.
El acceso a la Justicia es un derecho básico reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos, como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es un derecho constitucional que comprende la asistencia jurídica gratuita de quienes carecen de recursos suficientes para litigar y afecta a otros fundamentales como los de igualdad, asistencia letrada al detenido/a, defensa y tutela judicial efectiva. Es un servicio público financiado con fondos igualmente públicos, cuya gestión está encomendada legalmente a la Abogacía de forma exclusiva, respecto de la defensa jurídica y a la Procuraduría, para la representación de la ciudadanía.
El artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial desarrolle una línea de avales, con total cobertura del Estado, a fin de que las entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación para hacer frente al alquiler de vivienda habitual de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19.
